En el siglo XIX, John Stuart Mill, educado en el utilitarismo, sigue y desarrolla el liberalismo iniciado por Locke. Tal como vemos en el texto comentado, es la voluntad de los hombres, expresada en el contrato, la que origina y legitima los poderes del Estado civil, que tendrá como principal finalidad defender los derechos naturales de los ciudadanos. Entre estos derechos naturales se encuentran la libertad y la propiedad.

Stuart Mill no acepta ni la existencia de leyes ni la de derechos naturales. No son unas leyes naturales, universales y abstractas, las que determinan lo que debe hacerse, sino el principio de utilidad aplicado siempre a situaciones históricas concretas. Según el principio de utilidad, debe buscarse la máxima felicidad para el mayor número de personas, pero Stuart Mill interpreta la felicidad como la consecución del autodesarrollo individual, por ello da máximo valor a la libertad y a la individualidad.

En una sociedad civilizada, el principio de utilidad exige que los individuos disfruten de plena libertad. La única restricción o coacción aceptable es la que impide causar daño a los demás. El bien común exige que se conceda al individuo tanta libertad como sea posible.

La mejor forma de gobierno debe determinarse, no en abstracto e intemporalmente, sino teniendo en cuenta su utilidad para una sociedad que posee un desarrollo determinado y que se encuentra en un momento histórico preciso. Las instituciones políticas existen gracias al ejercicio de la voluntad humana, y cuando una institución se ha quedado anticuada y ya no es útil, es únicamente la voluntad humana la encargada de modificarla o de cambiarla por otra. Según Mill, para su época es la democracia la mejor forma de gobierno. En ella los ciudadanos participan en el ejercicio de la soberanía y pueden participar en el gobierno. Se fomenta la iniciativa personal y la actividad, con lo que se alienta el desarrollo personal, el crecimiento de la conciencia cívica y la preocupación por el bien común.

La comunidad no debe restringir la libertad individual excepto cuando exista un claro riesgo de daño para un individuo o para la comunidad. La mayoría no es infalible, luego no garantiza la consecución de lo más útil o del bien común. Por ello no debe imponer a los demás sus ideas sobre lo que, en general, es beneficioso o perjudicial. La democracia no asegura automáticamente el respeto a la libertad individual. En la democracia representativa la mayoría puede oprimir a las minorías. Para evitarlo, Stuart Mill defiende un sistema de representación proporcional, en el que las minorías deben estar realmente representadas.

Sin embargo, para conseguir el desarrollo personal y la máxima felicidad para el mayor número de personas, tan importante o más que la democracia es la educación. Cuando los padres no pueden garantizar la educación de sus hijos, el estado debe intervenir actuando en su ayuda.

Aunque Mill desaprueba la tendencia del Estado a intervenir sobre las iniciativas individuales sometiéndolas al control de la burocracia estatal, interpreta de una manera amplia y flexible la intervención del Estado para impedir que se perjudique a los demás. En los últimos años fue inclinándose hacia una mayor iniciativa y control estatal en la distribución de la riqueza y hacia una legislación social que podría calificarse como de carácter socialista.

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